Delito de Conducción Bajo la Influencia de Bebidas Alcohólicas en Madrid: Información Legal y Práctica para Conductores

Introducción

La conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas es uno de los delitos más frecuentes y controvertidos en el ámbito de la seguridad vial en España.

A pesar de las campañas de concienciación, muchas personas aún se ven involucradas en accidentes o controles de alcoholemia que pueden resultar en consecuencias legales y penales graves.

En este artículo, se abordará de manera detallada la normativa vigente sobre este delito en Madrid, el proceso penal que sigue a un positivo en un control de alcoholemia, las ventajas de contar con un abogado especializado en delitos contra la seguridad vial, y las diferentes fases del juicio rápido.

Además, se discutirá la posibilidad de presentar recursos en los casos en que los conductores consideren que se ha cometido alguna irregularidad.

1. ¿Qué es el Delito de Conducción Bajo la Influencia de Bebidas Alcohólicas?

1.1. Concepto Legal

En España, el delito de conducción bajo los efectos del alcohol está regulado por el Código Penal en su artículo 379, y se encuentra dentro de los delitos contra la seguridad vial. La norma establece que:

«El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, en las condiciones que impidan el control de la conducción, será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días o con la retirada del permiso de conducción de 1 a 4 años.»

La conducta del conductor se entiende como delictiva cuando se da alguno de los siguientes casos:

• Tasa de alcohol en sangre superior al límite legal: 0,25 mg/l en aire expirado (conductores particulares) o 0,15 mg/l en aire expirado (conductores profesionales).
• Conducir bajo los efectos de drogas o sustancias psicotrópicas que alteren la capacidad de conducción.

1.2. Límites Legales del Alcohol en Sangre

En cuanto a la alcoholemia, la normativa española establece los siguientes límites según el tipo de conductor:

• Conductores no profesionales: El límite es 0,25 mg/l de alcohol por litro de aire expirado.
• Conductores profesionales (camioneros, transportistas, etc.): El límite se reduce a 0,15 mg/l de alcohol por litro de aire expirado.
• Conductores noveles: La Ley establece que los conductores que tienen menos de 2 años de antigüedad en el permiso de conducción no pueden superar los 0,15 mg/l.

Si el conductor supera estos límites, se enfrenta a las consecuencias legales correspondientes, que varían en función de la tasa de alcoholemia y las circunstancias del caso.

2. Procedimiento ante un Control de Alcoholemia

2.1. El Control de Alcoholemia

Los controles de alcoholemia pueden ser realizados en cualquier momento y lugar, en base a una comprobación aleatoria o por sospecha de que el conductor está bajo la influencia de alcohol. Estos controles son parte de las competencias de la Guardia Civil y Policía Municipal en Madrid, que tienen la facultad de realizar pruebas de alcoholemia a todos los conductores.

Si un agente de tráfico sospecha que un conductor puede estar bajo los efectos del alcohol, puede solicitarle que se someta a la prueba de alcoholemia, la cual se realiza en dos fases:

1. Prueba preliminar: Se realiza en el lugar del control con un alcoholímetro portátil. Si el resultado es negativo o inferior al límite, no hay problema. Si el resultado es positivo, el agente solicitará una segunda prueba.
2. Prueba confirmatoria: Esta prueba se realiza en un dispositivo más preciso, generalmente en una comisaría o en un lugar autorizado, y se considera la prueba definitiva. Si el resultado es positivo y supera los límites establecidos, el conductor está cometiendo una infracción administrativa o un delito, según la cantidad de alcohol detectado.

2.2. Consecuencias del Positivo

En función de los resultados obtenidos en la prueba de alcoholemia, se pueden aplicar distintas consecuencias legales:

• Infracción administrativa: Si el conductor supera los límites permitidos de alcoholemia, pero no llega a los umbrales establecidos para que se considere un delito, la infracción será administrativa y no penal. En este caso, el conductor recibirá una multa económica (normalmente entre 500 y 1.000 euros) y la retirada del carnet de conducir por un período de 1 a 4 años.
• Delito penal: Si el conductor supera los límites establecidos para la comisión de un delito (más de 0,60 mg/l en aire expirado para conductores particulares o más de 0,30 mg/l para conductores profesionales), se trata de un delito penal. En este caso, se abrirá un proceso judicial en el que el conductor se enfrenta a penas de prisión, multas económicas, trabajos comunitarios y retirada del carnet de conducir.

3. El Proceso Penal por Conducción Bajo la Influencia del Alcohol

3.1. Juicio Rápido

En el caso de que el delito sea de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el proceso judicial suele iniciarse por el procedimiento de juicio rápido, especialmente si se cumplen ciertos requisitos. Este procedimiento está diseñado para acelerar los trámites judiciales y evitar que el acusado quede esperando durante un largo periodo de tiempo antes de ser juzgado.

En un juicio rápido por este tipo de delitos, el acusado tiene derecho a ser asistido por un abogado, y generalmente el proceso se resuelve en un plazo de 1 a 3 meses, dependiendo de la carga judicial.

3.2. Fases del Juicio Rápido

1. Detención: Si el resultado de la prueba de alcoholemia es positivo, y se trata de un delito, la policía puede proceder a la detención del conductor, que será trasladado a la comisaría.
2. Declaración ante el juez: Posteriormente, el conductor es citado a comparecer ante el Juzgado de Instrucción de guardia. El juez escuchará tanto al acusado como a los testigos, y valorará las pruebas presentadas.
3. Sentencia: Tras la vista, el juez dicta sentencia, que puede incluir pena de prisión (si el conductor presenta antecedentes penales o el nivel de alcoholemia es muy elevado), multa económica, trabajos en beneficio de la comunidad, y la retirada del permiso de conducción.

3.3. Posibles Penas

El Código Penal establece que las penas por conducir bajo los efectos del alcohol pueden ser:

• Prisión: De 3 a 6 meses si el delito es grave.
• Multa económica: En función de la situación económica del conductor, la multa puede variar entre 6 a 12 meses.
• Trabajo comunitario: En algunos casos, el juez puede imponer una pena de trabajo en beneficio de la comunidad, que va desde 31 a 90 días.
• Pérdida de puntos y retirada del carnet: Además de las penas mencionadas, se impone una sanción administrativa de pérdida de puntos del carnet de conducir y la retirada de la licencia de conducción por un periodo de entre 1 y 4 años.

3.4. Agravantes y Atenuantes

Las circunstancias del caso pueden influir en la pena final. Algunas situaciones que pueden agravar la pena incluyen:

• Accidente de tráfico: Si el conductor ha causado un accidente mientras conducia bajo los efectos del alcohol.
• Reincidencia: Si el conductor ya ha sido condenado previamente por un delito similar.

Por otro lado, las circunstancias atenuantes, como la colaboración con la justicia, la confesión de los hechos, o la buena conducta anterior, pueden reducir la pena impuesta.

4. La Importancia de Contar con un Abogado Especializado

4.1. Defensa Legal en Casos de Alcoholemia

Contar con un abogado especializado en delitos contra la seguridad vial es fundamental en estos casos. Un abogado con experiencia en defensa de delitos de alcoholemia puede realizar varias funciones esenciales para el éxito del proceso:

• Evaluación del caso: Un abogado especializado revisará si se han seguido correctamente todos los procedimientos legales durante el control de alcoholemia, detectando posibles irregularidades.
• Pruebas de alcoholemia: En algunos casos, puede existir duda sobre la fiabilidad de los resultados de la prueba de alcoholemia. El abogado podrá solicitar la revisión de los informes y determinar si las pruebas fueron realizadas correctamente.
• Negociación de penas: Un buen abogado puede negociar con la fiscalía para reducir las penas o buscar alternativas, como la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.
• Recursos: Si se consideran que se han vulnerado derechos o cometido errores procesales, el abogado podrá presentar recursos, como un recurso de apelación o recurso de nulidad, para impugnar la sentencia o las pruebas.